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Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinará y determinará en última instancia su posible inconstitucionalidad ─lo que resulta poco probable─, lo importante es que sigue con relación a las policías estatales y municipales, a la coordinación y a la correcta aplicación de la ley junto con mejores políticas públicas en materia tanto de seguridad pública como de seguridad nacional.
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