Primer año de gobierno: mesa de análisis

Impunidad y Seguridad Nacional

*Nota completa pblicada en [http://www.sinembargo.mx/13-09-2018/3469634

El escándalo de Odebrecht en México, tratándose de proyectos de seguridad energética y de infraestructura logística, es un tema de seguridad nacional, dijo a SinEmbargo el doctor Rodrigo Soto Morales, académico-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. 

El experto en seguridad nacional comentó que un acto de corrupción con “proporciones desorbitantes” en cuanto al desvío de recursos públicos, de impuestos y derechos no pagados, o de licitaciones mal adjudicadas –como lo es el caso de Odebrecht– puede “comprometer la seguridad nacional” por la falta de “law enforcement” (o de aplicación de la ley) que refleja.

“Una de las características de acuerdo a la ley de seguridad nacional, es que cuando se pone en peligro la permanencia del desarrollo y la existencia de las instituciones que concretan la soberanía del Estado, en este caso, las instituciones encargadas de cumplir la ley, […] seguramente se afecta la soberanía”.

Según Soto, la impunidad no sólo pone en riesgo la soberanía nacional, sino que además, arriesga la legitimidad de las autoridades en función. Un fenómeno que, de acuerdo con el maestro José Antonio Zavaleta Landa, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), vulnera al Estado en sus capacidades legales y ejecutivas, pues “aún vivimos en una cultura de no buscar los trapitos a nuestros jefes, porque a final de cuentas, son los que nos pusieron allí”.

[...]Para lograr reducir la corrupción y asestar un golpe contundente contra la impunidad, es necesario que los organismos técnicos –por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía– no sólo cumplan funciones administrativas sino que, además, pueden elaborar expedientes que sirvan verdaderamente de antecedente para una acción penal, explicó el doctor Rodrigo Soto Morales de la Universidad Panamericana.

En el caso de la SFP –que se encarga de las investigaciones en torno a funcionarios públicos– y de la ASF, el especialista en materia de seguridad urgió la necesidad de fortalecerlas en materia de fiscalización, que es uno de los tres pilares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), además de la transparencia y la rendición de cuentas.

La batalla en contra de la corrupción y la impunidad “no se acaba de ganar, de manera pareja, si sólo nos atendemos a dejar al Ministerio Público [la PGR] toda la carga legal de la prueba”, comentó. En su opinión, el problema es que aún no funciona el SNA, situación agravada por la carencia de los fiscales General y Anticorrupción, además de la falta de reforzamiento de los magistrados de los tribunales en la materia. Sin estos elementos –enfatizó– “el law enforcement no se logra y se vulnera la seguridad nacional”.

Asimismo, el académico reconoció que “lo que falta no es más leyes y más reglamentos. Lo que falta son dos aspectos políticos, aunque suene muy obvia la respuesta: compromiso y voluntad de los tres Poderes [de la Unión]”. En ese sentido, el contrapeso entre poderes debe de ser modificado y regulado para evitar caer en una “parálisis de Estado”.[...]

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