La deprofesionalización del gobierno

En México, bajo el gobierno de Morena (2018-actualidad), se ha gestado una desprofesionalización rampante del aparato estatal que amenaza la estabilidad misma de la nación –los síntomas empiezan a aparecer–.

Lo que inició como una promesa de "transformación" ha derivado en un estado hipertrofiado en el poder federal, pero atrofiado en capacidades técnicas y funcionales. La destrucción sistemática de los órganos constitucionales autónomos (OCA) y la captura del Poder Judicial han pulverizado el diseño republicano de pesos y contrapesos, consagrado en la Constitución de 1917. Como resultado, los servicios públicos colapsan: sueldos miserables para funcionarios, recortes presupuestales draconianos y escasez crónica de insumos. Hospitales sin medicinas, escuelas sin maestros calificados y burocracias paralizadas por la ineptitud.

Este diagnóstico no es catastrofista, sino realista. En 2025, con Claudia Sheinbaum al frente, los síntomas persisten: 278 mil trabajadores públicos ganan menos del salario mínimo diario, mientras el desabasto en el IMSS e ISSSTE afecta a millones. Pero hay salida: un enfoque propositivo centrado en generar inversión privada y productiva, no en exprimir con recaudación fiscal. Y la reconstrucción debe partir del municipio al estado, diluyendo el centralismo federal que Morena ha exacerbado.

 El colapso institucional: adiós a los pesos y contrapesos

El núcleo del problema radica en la demolición deliberada de las instituciones autónomas, pilares del republicanismo mexicano. Desde 2021, Morena ha librado una "guerra contra los autónomos", culminando en noviembre de 2024 con la extinción de siete OCA clave: el INAI (transparencia), IFT (telecomunicaciones), Cofece (competencia económica), CRE (energía), CNH (hidrocarburos), Coneval (evaluación social) y Mejoredu (educación). Sus funciones se absorben en secretarías federales, sumisas al Ejecutivo. El argumento oficial: "austeridad" y "eficiencia". La realidad: opacidad total y monopolios estatales.

Ejemplo paradigmático: el INE, mutilado por reformas electorales (Plan B 2023) que recortaron su presupuesto en 13 mil millones de pesos para 2025. Sin contrapesos, Morena aprueba reformas constitucionales a vapor, como la desaparición de estos órganos con 347 votos en Diputados.

Peor aún, la reforma judicial de 2024, aprobada pese a protestas masivas, somete al Poder Judicial al voto popular. Jueces y magistrados elegidos por planillas morenistas garantizan parcialidad. La jueza Martha Magaña López lo vivió en carne propia: en septiembre de 2024, Morena la sometió a juicio político por suspender provisionalmente la reforma. Sus colegas en Cuernavaca la respaldaron gritando "¡No estás sola!". La ministra Norma Piña, presidenta de la SCJN, denunció en diciembre: "Se nos llamó traidores por no ser parte del proyecto político dominante".

Este diseño republicano destruido genera un hiperpresidencialismo tóxico. Sin árbitros independientes, el Ejecutivo dicta sin freno: desde auditorías sesgadas hasta contratos amañados. La desprofesionalización es inevitable: ¿quién osa contradecir al jefe si el juez es su compadre?

 Consecuencias tangibles: carencias que matan

La teoría se traduce en caos práctico. Recortes presupuestales 2025: el Paquete Económico implica cortes reales en 19 de 24 funciones gubernamentales, con 11% menos para salud (918 mil mdp) y centros de investigación. Hospitales públicos: desabasto del 20-30% en insumos, agravado en 2024-2025. En el IMSS, pacientes esperan cirugías sin jeringas; en ISSSTE, medicinas caducan apiladas mientras faltan oncológicos. El colectivo Cero Desabasto reporta picos en julio 2025.

Sueldos bajos: burócratas bajo el mínimo, impulsando rotación y corrupción. En el Poder Judicial, la SCJN ajustó salarios a la baja para 2025. Educación: Maestros sin capacitación, escuelas sin internet. Seguridad: Policías subpagados desertan, dejando calles en manos de cárteles.

Ejemplo brutal: en centros públicos de investigación (Conahcyt), recorte del 11% provoca despidos, salarios congelados y laboratorios en ruinas. México, potencia en potencial, se estanca: en el mejor escenario el PIB crece 1-2% anual, pero la inversión extranjera huye por inseguridad jurídica.

Esta desprofesionalización no es accidental: prioriza "servidores del pueblo" leales sobre expertos. Resultado: un Estado ineficaz que gasta en propaganda (Pensión para Adultos Mayores) pero escatima en capacidad.

 Propuesta: Inversión Sobre Recaudación, Reconstrucción desde Abajo

El antídoto es profesionalizar incentivando inversión, no gravando más. Olviden la obsesión fiscal de Morena (nuevos impuestos propuestos para 2026). En su lugar:

1. Reforma fiscal inversa: Deducciones agresivas para IED (inversión extranjera directa). Ejemplo: zonas económicas especiales en municipios con 0% ISR por 10 años, atrayendo maquilas y tech.

2. Reconstrucción bottom-up:

   - Municipios primero: 70% de problemas (agua, seguridad) son locales. Fortalecerlos con fondos federales condicionados a resultados (auditorías independientes). Ej: Aguascalientes o Querétaro, con gobiernos PAN/MC, presumen eficiencia municipal.

   - Estados como amortiguadores: Transferencias crecientes a entidades opositoras, diluyendo el centralismo. Nuevo pacto fiscal: 50% recursos locales.

   - Federal light: Limitar a defensa, macroeconomía y emergencias.

3. Profesionalización meritocrática: Concursos públicos con IA para selección (como Singapur). Sueldos competitivos (doble promedio privado), ligados a KPIs. Restaurar OCA con presupuestos blindados.

4. Judicial autónomo: Revocar elección popular; regreso a ternas meritocráticas.

Implementación: alianzas partidistas en agenda legislativa –no en ejecutivos locales– en Congreso 2027. 

 Conclusión: De la Ruina a la Prosperidad

La desprofesionalización morenista es un cáncer evitable. Con hechos en mano —OCA muertos, jueces capturados, hospitales vacíos— urge actuar. Retomando inversión y federalismo real, México renace desde sus raíces municipales. No es utopía: es realismo propositivo. El pueblo merece un Estado que sirva, no que mande. Después de todo: así está en al Constitución:

(...) Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre (..)