La falacia democrática

Es por ello, en cualquier orden democrático institucional y por tanto republicano,  resulta muy necesario, blindar la justicia desde su origen. La justicia, por definición, incomoda al poder y lo pone en situación vulnerable.  La justicia por eso, debe ser un poder independiente e imparcial: para poder vulnerar a otro poder del entramado republicano. Y no se me malinterprete, ese mismo poder judicial debe también ser un poder sujeto a la transparencia, la fiscalización y por tanto también sujeto a reglas de escrutinio que permitan conducir y atemperar su ejercicio conforme a su misión y bajo los límites que esta impone.

En un momento donde el estado de derecho enfrenta un declive global y una preocupante tendencia a la "autocratización", la independencia judicial se ha convertido en la última línea de defensa de las democracias modernas. No es una cuestión menor ni un tecnicismo burocrático; es, en esencia, la garantía de que cualquier ciudadano, frente al poder más absoluto, reciba un juicio justo. Bajo esta premisa, el reciente informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, establece una hoja de ruta crítica: los Principios para el nombramiento de jueces. El documento es una respuesta contundente a la creciente politización y control indebido de las judicaturas. La premisa es clara: si el proceso de selección está viciado po r lealtades ideológicas o conexiones con élites, el resultado no será justicia, sino una sentencia predecible al servicio del poder. Por ello, el informe articula quince principios organizados en tres pilares fundamentales que todo Estado debería observar para recuperar la confianza ciudadana.

En primer lugar, se exige un fundamento jurídico sólido y la creación de autoridades de selección independientes, como los consejos de la judicatura, protegidos de injerencias externas. Es imperativo limitar los nombramientos provisionales o temporales, que históricamente han servido como herramientas de presión para mantener a los jueces en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre. En segundo lugar, el informe redefine los criterios de selección situando al mérito --integridad, formación y capacidad-- como el eje rector. Pero el mérito no debe ser un concepto excluyente; los principios abogan por una judicatura que sea un reflejo fiel de la sociedad, promoviendo la diversidad y la representatividad de grupos históricamente marginados. Una justicia que no se parece a su pueblo difícilmente podrá ser comprendida o respetada por él.

Finalmente, la transparencia procesal surge como el mecanismo de higiene pública necesario. Los procesos deben ser abiertos al escrutinio, con decisiones motivadas y vías claras para impugnar irregularidades. La participación de la sociedad civil no es una concesión, sino una garantía estructural contra el nepotismo y la arbitrariedad. La independencia judicial no es un privilegio corporativo de los magistrados, sino un derecho humano fundamental de los gobernados. Sin jueces elegidos por su excelencia y no por su obediencia, la balanza de la justicia corre el riesgo de convertirse en un simple objeto decorativo en el despacho de los poderosos.

[1] RELATORA ESPECIAL SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS Y ABOGADOS (Margaret Satterthwaite), Principios para el nombramiento de jueces, Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 62º período de sesiones, A/HRC/62/43, 14 de abril de 2026.