Seguridad y Justicia: la semilla de un México institucional

Dr. Rodrigo Soto-Morales

rodsoto@up.edu.mx

La consolidación del nuevo sistema penal no es cosa sólo de formalidades, términos perentorios o de agilidad procesal. Es mucho más. Está directamente relacionada con el fortalecimiento institucional de la justicia y de las fuerzas del orden y seguridad. Hablar de la correcta, sólida y eficaz implementación y puesta en práctica a nivel federal de la reforma es un requisito sine qua non México no puede ya no sólo avanzar, sino sostenerse.

                Las implicaciones económicas, políticas y de seguridad jurídica para la población, la inversión y generación de riqueza quedan ─en última instancia─ cimentadas en la extinción de la impunidad y del abuso. El orden y la disciplina social, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y de las libertades fundamentales, encuentran su garante en un sistema de justicia penal que técnica y socialmente funcione. De otra manera, a falta de reglas, vendrá el caos; más impunidad y más corrupción, tanto para los ricos, los pobres y la clase media. Y no se trata de importar modelos extranjeros, sino de contar con un traje a la medida a nuestra realidad social y cultural, a nuestra urgencia de institucionalidad que se manifiesta ante nuestra esclerosis galopante en temas de seguridad y justicia. Y es tarea no sólo del Estado, sino también de sus ciudadanos acometer con valor los retos que esto supone.

                Un sistema penal justo, controlado, pero al mismo tiempo eficaz y eficiente, es la piedra angular sobre el cual se construye no sólo un Estado de Derecho, sino una ética social y un estado de cosas donde la seguridad patrimonial, física y de la soberanía es una realidad, no una aspiración. En un país donde no son los agentes de policía, los agentes del ministerio público y los jueces los actores sociales de mayor prestigio ─cuando deberían serlo─, el contar con un proceso penal de altura y no sujeto a intereses particulares o a el favor de los más poderosos económica o políticamente, también se vuelve el DNA de su vida institucional, es decir, la información constitutiva para el buen desarrollo de su genética política, económica y social. Sí, el derecho, su aplicación y eficacia es el orientador y garante para que todo lo demás florezca.

Todo esto deberá abordarse en el IX FORO NACIONAL SOBRE SEGURIDAD Y JUSTICIA que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre en la Universidad panamericana, en ciudad de México. Lo que se busca en el evento es dar, ya no con los diagnósticos, sino con las preguntas que permitan dar con la cura. La cultura endémica de ilegalidad, chapuza y corrupción que el sistema penal ha llevado a cuestas los últimos 50 años no se irá sin acciones curativas dolorosas y tajantes, que eviten el desahucio institucional del país. Los tres poderes están y deben involucrarse más en promover el funcional desempeño del nuevo sistema sin cortapisas ni miramientos. Y un punto donde especialmente hace falta una política pública transexenal a este respecto es el penitenciario. Aquí los restos son mayúsculos y tan urgentes y necesarios como los que tienen que ver con el desarrollo exitoso del nuevo sistema de justicia penal.

Pareciera que el tema sólo implica a políticos abogados, criminólogos y forenses del tema; pero no; nos implica a todos. Porque todos ya no queremos ─sino que necesitamos de manera urgente─, un México institucional, ordenado y competitivo. Un México libre y soberano; lo cual no resulta posible sin un sistema penal funcional y robusto, técnicamente adecuado y justo.